Mañana, 13 de octubre de 2026, es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y el lema de este año, La Resiliencia empieza en Casa, me ha generado cierta confusión y me ha hecho reflexionar.
Entiendo la intención: acercar la resiliencia al hogar, hacerla concreta, cotidiana y accionable. Pero una lectura rápida también podría llevarnos a una interpretación peligrosa: “La resiliencia de un hogar depende fundamentalmente de lo que haga, o deje de hacer, la familia que vive en él”, dejando en segundo plano decisiones mucho más grandes tomadas por gobiernos, empresas, urbanistas, aseguradoras, constructoras o administraciones.
Dicho de otra forma: si explicamos el desastre solo por lo que hizo la persona, corremos el riesgo de liberar de responsabilidad a quienes también contribuyeron a construir ese riesgo.
Y eso sí me preocupa.
Dicho esto, las familias tomamos decisiones que afectan positiva o negativamente nuestra capacidad de prepararnos, responder y recuperarnos ante una emergencia. Incluso podemos tomar decisiones que aumentan nuestro propio riesgo o el de quienes nos rodean. Yo misma he tomado muchas decisiones que podría haber hecho mejor: he vivido en casas sin saber dónde estaba la llave del gas o del agua, he ignorado alguna alerta pensando que “no sería para tanto” y, probablemente, he dado por seguras situaciones que no lo eran tanto.
Y, efectivamente, hay muchas medidas sencillas que podemos adoptar desde casa para reducir nuestro riesgo:
- conocer los riesgos que existen en nuestro entorno;
- preparar un plan de evacuación en caso de incendio;
- entender qué significan las alertas que recibimos de AEMET u otras autoridades;
- mantener nuestra vivienda: revisar instalaciones eléctricas, limpiar canalones, retirar vegetación seca, asegurar elementos que puedan desprenderse o saber dónde cortar el gas o la electricidad;
- tener accesibles medicación, documentación y contactos importantes.
Todo ello ayuda a reducir nuestro riesgo. Pero, aun haciendo todo eso, podemos sufrir daños graves durante una inundación, un incendio o cualquier otra emergencia.
Porque los desastres rara vez tienen una única causa. Suelen ser el resultado de factores que se acumulan e interactúan, algunos muy próximos al momento del desastre y otros construidos durante años a través de decisiones individuales, sociales, económicas, territoriales o políticas.
- Hay causas inmediatas: problemas visibles y relativamente fáciles de identificar, como una instalación eléctrica defectuosa, vegetación seca junto a la vivienda o una salida de emergencia bloqueada.
- Hay causas subyacentes: condiciones que aumentan nuestra vulnerabilidad aunque no siempre sean tan evidentes, como la falta de mantenimiento, pocos recursos económicos, escasa información sobre el riesgo, dificultades de movilidad o redes de apoyo débiles.
- Y hay causas estructurales: decisiones y condiciones mucho más profundas, como dónde se permite construir, cómo se planifican las ciudades, qué normas de edificación existen y se hacen cumplir, cuánto se invierte en prevención, qué acceso existe a vivienda segura, seguros o financiación, o cómo se distribuyen los recursos y las oportunidades.
Muchas de estas causas ni las crea, ni puede resolverlas, una familia por sí sola. Y ahí está para mí el matiz fundamental.
En reducción del riesgo de desastres todos tenemos un papel (lo que solemos llamar un enfoque whole-of-society), una función que ejercer y capacidades que desarrollar. Pero no todos tenemos el mismo papel, el mismo poder para actuar ni las mismas obligaciones.
- Las personas y los hogares tienen derechos y responsabilidades: conocer los riesgos, prepararse, actuar ante las alertas cuando pueden hacerlo y tomar decisiones que reduzcan su propia exposición y la de quienes les rodean.
- Las comunidades, asociaciones y empresas tienen responsabilidades: apoyar a quienes tienen menos capacidad de respuesta, compartir información útil, reducir riesgos en su entorno, evitar generar nuevos riesgos y contribuir a la continuidad de servicios y actividades.
- Los gobiernos y las instituciones públicas tienen obligaciones: planificar, regular, invertir, informar, proteger y crear las condiciones para que las personas puedan reducir su riesgo.
La resiliencia de las viviendas depende precisamente de la acción combinada de gobiernos, autoridades locales, sector privado, comunidades y hogares.
Porque una familia puede hacer muchas cosas bien y, aun así, vivir en una zona altamente expuesta, en una vivienda construida con estándares insuficientes o en un barrio con pocas rutas de evacuación.
Y una persona puede recibir una alerta y, aun así, no entenderla, no saber qué hacer o, sencillamente, no poder hacerlo. Una alerta solo funciona cuando llega, se entiende y puede traducirse en acción.
Así que sí: Resilience Starts Wherever You Are.
Todos podemos y debemos hacer nuestra parte.
Pero reducir el riesgo exige algo más: que cada actor asuma la responsabilidad y las obligaciones que le corresponden.
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